Alivio financiero para pymes de la obra pública en Santa Cruz: nuevas herramientas para sostener la actividad
En un contexto económico desafiante, el Gobierno de Santa Cruz anunció una medida clave destinada a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la obra pública. La iniciativa fue detallada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, quien destacó que permitirá a las empresas “contar con recursos en el corto plazo” y así sostener su funcionamiento.
El anuncio se enmarca en un acuerdo impulsado por el gobernador Claudio Vidal junto al Banco Santa Cruz, y apunta específicamente a aquellas pymes que trabajan con el IDUV.
Una herramienta para mejorar la liquidez
El eje central de la medida es la posibilidad de que las empresas utilicen sus certificados de avance de obra como instrumento financiero. En la práctica, esto significa que podrán “descontar” estos certificados en el banco, obteniendo el dinero de forma anticipada, sin tener que esperar los plazos habituales de cobro, que suelen ser de entre 30 y 90 días.
Según explicó Verbes, este mecanismo funciona de manera similar a un cheque diferido: permite adelantar ingresos futuros y mejorar la liquidez inmediata, algo fundamental en un escenario donde el acceso al crédito es limitado.
“Esto permitirá que quienes lo necesiten puedan contar con recursos en el corto plazo, sin tener que esperar los plazos habituales de cobro”, remarcó el funcionario.
Impacto en la economía local
La medida busca evitar la paralización de obras en ejecución y sostener el entramado productivo provincial. En ese sentido, el Gobierno considera que garantizar liquidez a las pymes no solo beneficia a las empresas, sino que también dinamiza la economía local, al favorecer el consumo y la circulación de dinero.
Además, el ministro adelantó que se evalúan nuevas herramientas de financiamiento productivo, en una estrategia que se irá ajustando según la evolución del contexto económico.
Un escenario complejo
Pese al anuncio, Verbes advirtió que la situación financiera de la provincia sigue siendo delicada. En particular, señaló una fuerte caída en los ingresos por coparticipación: un 7% en febrero y cerca de un 10% en marzo, lo que representó una pérdida aproximada de 20.000 millones de pesos en apenas dos meses.
“La mitad de los recursos de la provincia dependen de la coparticipación. Cualquier baja tiene un impacto enorme”, explicó.
En este contexto, el Gobierno provincial busca combinar medidas de alivio inmediato con políticas que permitan sostener la actividad económica y acompañar tanto al sector productivo como a los trabajadores, en medio de un escenario aún incierto.
