Caputo impulsa una nueva Ley de Inocencia Fiscal y la oposición cuestiona que beneficie a funcionarios
El Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que buscará tratarse en el Congreso a partir de agosto. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende ampliar el alcance del régimen para incentivar que parte de los USD 170.000 millones que, según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal.
Caputo explicó que el objetivo es brindar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial y sostuvo que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”, sino que apunta a fomentar la inversión y movilizar los ahorros que permanecen fuera del circuito legal.
Entre los principales cambios, el proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio establecidos en la versión aprobada en diciembre de 2025, que fijaban topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio, ampliando así la cantidad de personas que podrán adherirse al régimen.
Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, principalmente porque los funcionarios públicos y las personas políticamente expuestas seguirían pudiendo acceder al beneficio.
Las críticas se intensificaron tras conocerse que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se adhirió al régimen mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y recepción de dádivas.
El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) afirmó que la propuesta “premia a los grandes evasores” y cuestionó que también beneficie a quienes ejercen cargos públicos.
En la misma línea, Eduardo Valdés presentó un proyecto para excluir expresamente a funcionarios y personas políticamente expuestas del régimen, argumentando que quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales y no a menos. Además, recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen controles reforzados para este tipo de funcionarios por el riesgo de corrupción.
Desde Provincias Unidas, los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón también rechazaron la propuesta y reclamaron que los funcionarios queden excluidos de los beneficios. Paulón sostuvo que “la ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”.
El oficialismo buscará retomar el debate parlamentario en agosto, con la intención de reunir nuevamente los apoyos que permitieron aprobar la primera versión de la ley en diciembre del año pasado.
Fuente: Infobae
