Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes
Los imputados de la causa Vialidad tenían hasta hoy para depositar 684 mil millones de pesos y no ser embargados. Un día antes de que se cumpliera el plazo fijado por el tribunal de la causa Vialidad, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito para impugnar la ejecución de sus bienes y validó la legitimidad de su patrimonio.
El Tribunal Oral Federal 2, había establecido el miércoles 13 de agosto a las 9:30 como fecha limite para que, tanto la expresidenta como el resto de los imputados, depositaran 684 mil millones de pesos en una cuenta judicial. Esta medida formaba parte de las sanciones penales impuestas por maniobras de defraudación a la Administración Pública en la causa vialidad.
Según explicó el tribunal, el decomiso de los bienes se establece como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.
Como resultado de la causa se determinó que a lo largo de los gobiernos de Néstor y Cristina, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2015, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz. Este último, también resulto condenado en el caso junto al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
Para determinar el monto del decomiso, los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizaron como referencia el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La cifra se actualizó de acuerdo a los 85 mil millones que había fijado el tribunal en el veredicto emitido en diciembre de 2022.
El escrito pide que no se embarguen los bienes
En el día de hoy, Cristina Fernández junto a sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy presentaron escritos para responder a la intimación del TOC respecto a la orden de pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.
Según argumentaron, los fiscales Diego Luciani y Sergio mola, al realizar el listado de bienes que serían ejecutados si incumpliera la orden de pago, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
