Cinco años del femicidio de Jesica Minaglia: un crimen que expuso la impunidad, la violencia y la lentitud judicial en Santa Cruz

“La mató delante de su hijo y aún no hay justicia firme”. La docente rural fue asesinada a golpes por su expareja, el expolicía Pablo Núñez, en su casa de Piedra Buena. Su hijo de tres años estaba presente. Aunque el femicida fue condenado a perpetua en 2023, la sentencia todavía no está firme. La familia de Jesica exige el cierre judicial de una causa que destapó una historia de violencia silenciosa y desprotección institucional.

COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA – El 15 de abril de 2020, la docente Jesica Minaglia fue asesinada brutalmente por su expareja y padre de su hijo, el entonces cabo de la Policía de Santa Cruz, Pablo Núñez. Cinco años después del crimen que conmocionó a la provincia, la familia de la víctima aún espera que la condena a reclusión perpetua dictada en 2023 quede firme.

Jesica tenía 30 años, trabajaba como maestra rural en la Escuelita del Río y era madre de un niño de tres. Fue su propia madre quien encontró el cuerpo, tirado detrás de la puerta de entrada de su casa. “El sillón blanco estaba completamente rojo”, describió en su momento con dolor. El asesino no forzó la entrada, no robó nada. Solo la mató y se fue.

La investigación determinó que Núñez premeditó el ataque: apagó su celular, evitó las cámaras de seguridad de la localidad y fingió preocupación llamando a la familia de Jesica para que fueran ellos quienes hallaran el cuerpo. “Utilizó los conocimientos de su profesión para no ser descubierto”, afirmó en su sentencia la jueza Noelia Ursino, quien también reveló que el femicida envió mensajes al teléfono de Jesica después del crimen para simular que seguía viva.

En abril de 2023, el Tribunal Oral de Río Gallegos condenó a Núñez a reclusión perpetua. Sin embargo, la sentencia aún no está firme, y la familia reclama justicia definitiva. “Una condena no nos la devuelve, pero necesitamos cerrar esta etapa”, expresó Joaquín Minaglia, hermano de la víctima.

En paralelo, el niño —hoy de ocho años— quedó bajo la protección de la Ley Brisa, que garantiza una reparación económica a hijos e hijas de víctimas de femicidio. A través de esa normativa, la justicia ordenó un embargo de tres millones de pesos sobre los bienes del imputado.

El caso evidenció no solo la violencia que sufría Jesica puertas adentro, sino también las dilaciones y obstáculos judiciales que enfrentó su familia. El juicio fue pospuesto, trasladado a otra ciudad y exigió a los allegados recorrer casi 1.800 kilómetros para asistir. “Priorizan la comodidad del femicida y no la de la familia”, denunció Joaquín en redes sociales. Hoy, el nombre de Jesica sigue siendo símbolo de lucha contra la violencia de género en Santa Cruz. Pero también, un grito pendiente de justicia.