Denuncian a exfuncionarios y a una cooperativa por un presunto fraude millonario al Estado
La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, presentó una denuncia penal por contrataciones irregulares en 2023 con la Cooperativa Patagonia Ecology Ltda., por más de 576 millones de pesos en servicios que no habrían sido realizados en escuelas de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.
La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz, Iris Rasgido, radicó ante la Justicia provincial una denuncia penal contra exfuncionarios y responsables de la Cooperativa Patagonia Ecology Ltda., por presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas durante el año 2023.
Los convenios alcanzaron un monto superior a los 576 millones de pesos y estaban destinados a tareas de parquización y forestación en patios exteriores de escuelas de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Según se señaló, muchos de esos trabajos no habrían podido ser comprobados, pese a los pagos millonarios que ya habían sido certificados.
La presentación incluye un extenso conjunto de expedientes y documentación administrativa que darían cuenta de contrataciones sin controles adecuados, facturaciones cuestionadas y firmas de aval sin revisión legal. En ese sentido, se advirtió que la responsabilidad de los funcionarios también alcanza la omisión deliberada de controles, lo cual podría configurar delitos contra la administración pública.
En el escrito se plantean tres ejes centrales:
Fraude y malversación de fondos: se acusa a funcionarios de avalar contrataciones irregulares y de utilizar cooperativas como vehículo para desviar recursos del Estado.
Responsabilidad por omisión: se remarca que las firmas sin verificación de legalidad convirtieron las irregularidades en actos formalmente válidos, lo que agrava la responsabilidad de quienes participaron.
Dolo en la administración fraudulenta: se sostiene que el perjuicio al Estado no solo implica beneficio personal, sino la voluntad consciente de permitir o encubrir maniobras ilegales.
Finalmente, el documento solicita que la Justicia avance en la apertura de una causa penal, determine las responsabilidades de los implicados y precise el alcance del daño económico ocasionado al Estado provincial.
FUENTE: La Opinión Austral
