La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo
La Justicia ordenó frenar la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, y dispuso que el Estado continúe garantizando el pago mensual de $78.000 a los 900 mil beneficiarios en el país.
La medida fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por trabajadores de la economía popular. El fallo establece que el Ministerio de Capital Humano debe mantener las prestaciones económicas del programa y garantizar su continuidad, al menos hasta que exista una resolución definitiva.
La decisión judicial llega luego de que el Gobierno nacional anunciara la finalización del plan a partir de abril de 2026, sin detallar un esquema alternativo que cubra de manera equivalente a los beneficiarios. Frente a esto, el magistrado consideró que la suspensión abrupta de este ingreso, de carácter alimentario, podría afectar derechos básicos, como el acceso a condiciones dignas de vida y la protección social.
Actualmente, el programa alcanza a unas 900 mil personas de entre 18 y 59 años sin empleo formal, y otorga un ingreso mensual que se mantiene sin actualización desde diciembre de 2023. Su objetivo es promover la capacitación laboral y facilitar la inserción en el mercado de trabajo, permitiendo incluso compatibilizar el beneficio con empleo registrado bajo ciertas condiciones.
En su resolución, la Justicia también remarcó que el Estado no puede eliminar una política social de este tipo sin implementar previamente un mecanismo sustituto claro y efectivo, especialmente en un contexto económico complejo. Por eso, ordenó que se restablezcan los pagos en un plazo breve y que se presenten pruebas de cumplimiento, bajo apercibimiento de sanciones.
De esta manera, el fallo representa un alivio inmediato para miles de familias que dependen de este ingreso, aunque la continuidad del programa quedará sujeta a lo que se resuelva en la sentencia final del caso.
