La Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, pero las universidades mantienen su reclamo
Ante la inminente Marcha Federal Universitaria, el juez federal Martín Cormick fijó una sanción de $100.000 diarios a la Jefatura de Gabinete por no actualizar los salarios del sector docente y no docente ni garantizar el fondo de becas; mientras la Casa Rosada alista su apelación, las casas de estudio calificaron el fallo como un precedente institucional decisivo.
La medida responde a un pedido presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde donde advirtieron que el Estado Nacional continuaba sin aplicar los incrementos y fondos exigidos, pese a que la cautelar había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Apelación en Casa Rosada y la postura de las autoridades universitarias
La Casa Rosada y las casas de altos estudios fijaron posturas contrapuestas frente a la decisión judicial y las demandas del sector:
- Estrategia y argumentos del Gobierno: Desde el Ejecutivo confirmaron que apelarán la imposición de los $100.000 diarios de astreintes y la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025. Fuentes oficiales remarcaron que el Estado ha otorgado un aumento acumulado del 226,80% desde diciembre de 2023 y sostuvieron que no se asumirán compromisos que pongan en riesgo el equilibrio fiscal, al tiempo que cuestionaron la filiación política del magistrado.
- Respaldo del CIN: El presidente del CIN, Franco Bartolacci, y rectores de diversas casas de estudio celebraron el fallo por personalizar la responsabilidad en la autoridad competente y señalaron que se sienta un precedente judicial de relevancia para que el Poder Ejecutivo recapacite y aplique la norma aprobada por el Congreso.
- Convocatoria y ratificación de la marcha: Las universidades ratificaron la realización de la marcha pacífica fijada para este jueves. En respuesta, desde el Gobierno señalaron que se respeta el derecho a la manifestación siempre que no se repitan episodios de violencia y calificaron el reclamo como una movilización con sesgo político.
