La Justicia ordena ejecutar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad por casi $685 mil millones
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la ejecución de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la Causa Vialidad, con el objetivo de cubrir una suma total de $684.990.350.139,86, correspondiente al decomiso actualizado por la Justicia.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratifica la ejecución de activos luego de que los imputados no cumplieran con la intimación de pago. La sentencia original, que había fijado un decomiso de más de $84 mil millones, fue actualizada tras peritajes oficiales que ajustaron el monto a valores actuales.
La medida alcanza a bienes inmuebles, empresas y activos financieros vinculados tanto a la exmandataria como a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de otros exfuncionarios y empresarios condenados en la causa.
Entre las firmas involucradas figuran Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto, cuyos bienes también podrán ser liquidados para cubrir la deuda.
El inventario incluye numerosas propiedades ubicadas en Río Gallegos y El Calafate, entre ellas terrenos de gran extensión, inmuebles urbanos y desarrollos turísticos como el complejo Los Sauces. También se contemplan lotes y viviendas que fueron cedidos en su momento a los hijos de la exmandataria.
Según consta en la resolución, en caso de que los activos inicialmente decomisados no resulten suficientes para cubrir el monto establecido, la Justicia podrá avanzar sobre otros bienes pertenecientes a los condenados.
La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, y culminó con condenas por corrupción contra varios exfuncionarios y empresarios. Con esta decisión, el tribunal busca efectivizar el recupero de fondos considerados producto de maniobras ilícitas.
El avance sobre los bienes marca una nueva etapa en el proceso judicial, centrada en la ejecución económica de la sentencia ya firme.
