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La Justicia ordenó a Infocaleta borrar publicaciones bajo multa sobre el conflicto Salica-Obdrzalek

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abril 28, 2026

La Justicia de Caleta Olivia ordenó al portal Infocaleta eliminar publicaciones vinculadas al conflicto entre Salica y Obdrzalek, en el marco de una causa por violencia intrafamiliar. La medida también alcanzó a otro medio local, y obliga a borrar contenidos difundidos tanto en Facebook como en Instagram.

La orden judicial también impone una multa diaria superior a los 276 mil pesos por día en caso de incumplimiento y advierte sobre sanciones penales.

La resolución fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia de la Familia de Caleta Olivia, a cargo del juez Franco Matías Villalón Lescano, con intervención de la Secretaría de Violencia Doméstica.

La orden judicial no solo exige la eliminación del contenido, sino que impone una multa diaria superior a los 276 mil pesos en caso de incumplimiento, además de advertir sobre posibles sanciones penales.

El punto que generó mayor controversia es que las notas originales, según se expuso, no incluían nombres ni datos personales, sino que informaban sobre una denuncia y un procedimiento judicial en el barrio Vista Hermosa 2, un hecho que ya había tomado estado público y que fue cubierto por distintos medios de la ciudad.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) cuestionaron la medida y la encuadraron como un caso de “censura indirecta”, al considerar que se trata de una orden de eliminación de contenido periodístico que no infringía ninguna norma y que abordaba un tema de interés público. También advirtieron sobre el impacto que este tipo de decisiones puede tener en el ejercicio del periodismo, especialmente cuando se imponen sanciones económicas que condicionan la publicación de información.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la protección de derechos individuales y la libertad de prensa. Mientras desde el ámbito judicial se prioriza resguardar la intimidad y evitar posibles daños, desde el sector periodístico se plantea la preocupación por lo que consideran una restricción al derecho a informar, investigar y difundir hechos de relevancia pública sin censura previa.

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