La Justicia suspendió la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz y se abre un conflicto judicial de alcance nacional
Un fallo de alto impacto volvió a poner en tensión la agenda ambiental y productiva en la Argentina. A pocas horas de la entrada en vigencia de la modificación de la Ley de Glaciares, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó suspender su aplicación en la provincia de Santa Cruz y frenar cualquier actividad que pueda afectar zonas glaciares y periglaciares.
La medida fue dictada por el juez Claudio Marcelo Vázquez, quien hizo lugar a un amparo ambiental colectivo y dispuso una cautelar con efecto inmediato. En su resolución, ordenó al Estado Nacional “abstenerse de autorizar o ejecutar actividades” que puedan impactar en esos ecosistemas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El amparo fue impulsado por autoridades políticas de El Calafate, entre ellas el Concejo Deliberante, la Municipalidad y legisladores provinciales y nacionales, quienes solicitaron la inconstitucionalidad de la reforma.
Argumentos del Fallo
El eje central de la decisión judicial fue el “peligro en la demora”. El magistrado consideró que permitir la aplicación de la reforma podría generar daños ambientales irreversibles.
En ese sentido, sostuvo que la habilitación de actividades industriales o extractivas en zonas de alta fragilidad podría tener consecuencias de “difícil o imposible recomposición”, lo que justifica una intervención preventiva.
El fallo también se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en principios clave del derecho ambiental:
- Principio precautorio: obliga a actuar ante el riesgo, incluso sin certeza científica absoluta.
- Principio de no regresión: impide reducir los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
Además, el juez destacó que los glaciares son “reservas estratégicas de agua dulce”, fundamentales para el equilibrio ambiental.
Aunque la medida rige únicamente en Santa Cruz, su impacto es mucho más amplio. La suspensión abre la puerta a presentaciones similares en otras provincias y anticipa una fuerte judicialización del tema.
El fallo también introduce incertidumbre en proyectos productivos, especialmente en sectores como la minería, donde la delimitación de áreas protegidas es un punto clave.
Apelaciones
Fuentes vinculadas al caso anticiparon que la decisión será apelada, lo que podría llevar el expediente a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema.
En paralelo, organizaciones ambientales avanzaron con nuevas presentaciones a nivel nacional. Entre ellas, un amparo que propone declarar a los glaciares como “sujetos de derecho”, ampliando su protección jurídica.
También se sumaron acciones impulsadas por organizaciones como Greenpeace y otros espacios ecologistas, que buscan frenar la aplicación de la reforma en distintas provincias.
