Más ruido político que presencia en las calles: baja adhesión a la protesta policial
La convocatoria impulsada por un sector de policías autoconvocados tuvo escasa presencia en la provincia. Mientras el Gobierno ya anunció la apertura de la paritaria y nuevas herramientas para mejorar los ingresos de la fuerza, la protesta tiene entre sus referentes al excomisario Ramón Quipildor, procesado por la Justicia Federal por abuso de autoridad y amenazas contra un juez.
La protesta policial que algunos sectores intentaron presentar como una demostración de fuerza terminó exhibiendo una realidad muy distinta. La convocatoria mostró una adhesión mínima y tuvo como expresiones visibles apenas una carpa frente a Casa de Gobierno en Río Gallegos y otra en Pico Truncado, muy lejos de representar a una fuerza integrada por miles de efectivos en toda la provincia.
El dato no implica desconocer la existencia de reclamos. Los problemas salariales existen y forman parte de las preocupaciones cotidianas de muchos trabajadores policiales. Pero una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta es atribuirle a una convocatoria reducida una representatividad que claramente no logró demostrar.
La baja adhesión aparece además en un contexto particular. Días atrás, el Gobierno Provincial anunció formalmente la convocatoria a paritaria para discutir salarios y condiciones laborales. Es decir, el principal reclamo planteado por los autoconvocados ya cuenta con un ámbito institucional abierto para ser debatido.
A esto se suma otra medida que también impactará en los ingresos de la fuerza. La puesta en funcionamiento del nuevo Juzgado Provincial de Faltas permitirá implementar un ítem por operatividad para el personal policial, una herramienta que busca reconocer y fortalecer económicamente la labor que realizan los efectivos.
Vocero autoconvocado procesado: Uno de los principales voceros del sector autoconvocado es Ramón Quipildor, exjefe de la Seccional Tercera de Río Gallegos, procesado por la Justicia Federal por abuso de autoridad, amenazas coactivas, atentado contra la autoridad y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.
La causa se originó tras el episodio ocurrido en noviembre de 2023, cuando el entonces comisario protagonizó un enfrentamiento con el juez federal Claudio Vázquez durante una inspección judicial en una dependencia policial. La investigación derivó en un procesamiento dispuesto por la Justicia Federal y en un embargo sobre sus bienes.
Tampoco pasó inadvertido el rápido acompañamiento que recibió la convocatoria por parte de sectores políticos vinculados al kirchnerismo provincial, espacios que mantienen una confrontación permanente con la actual gestión y que encontraron en el reclamo una nueva oportunidad para cuestionar al Gobierno.
Por eso, más allá de las demandas salariales, el debate también gira alrededor de otra pregunta: ¿se trata de una movilización genuinamente representativa de la Policía de Santa Cruz o de una expresión reducida que busca construir volumen político aprovechando un reclamo legítimo?
Los números observados durante la jornada parecen inclinar la balanza hacia la segunda interpretación. La escasa presencia en las calles, la falta de acompañamiento masivo dentro de la fuerza y la existencia de una paritaria ya convocada muestran un escenario muy diferente al que algunos intentaron instalar.
Mientras tanto, la mayoría de los efectivos espera que las respuestas lleguen por los canales institucionales ya abiertos. Un dato que, por ahora, parece tener más peso que las pocas carpas que intentaron convertirse en símbolo de una protesta que no logró despegar.
