Milei dijo que “tuvimos que arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof”
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió anular el fallo que condenaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. La decisión representa un alivio inmediato para las finanzas nacionales, aunque el conflicto de fondo aún no está completamente cerrado.
El tribunal entendió que la jueza Loretta Preska había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina, al considerar los estatutos de la petrolera como un contrato tradicional. Según la Cámara, esos estatutos no generan obligaciones contractuales exigibles entre accionistas, lo que invalida la base del reclamo.
Además, los jueces señalaron que el caso debe analizarse dentro del derecho público argentino, en el marco de una expropiación, lo que impide avanzar con demandas de este tipo en tribunales extranjeros bajo la figura de incumplimiento contractual.
Sin embargo, el fallo no es una absolución total. La propia Corte reconoció que el Estado argentino incumplió de forma “flagrante” sus compromisos con los inversores, aunque aclaró que eso no habilita el tipo de demanda que impulsaron los demandantes.
En paralelo, el presidente Javier Milei se refirió al tema durante un acto oficial y celebró el resultado judicial. En un tono fiel a su estilo, lanzó duras críticas contra el exministro de Economía Axel Kicillof y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, a quienes responsabilizó por la forma en que se llevó adelante la expropiación.
Milei también destacó el trabajo del equipo legal del Estado, la Procuración del Tesoro y la conducción actual de la empresa YPF, que logró revertir un escenario que amenazaba con un impacto económico histórico.
El proceso judicial, iniciado en 2015, había tenido un fallo adverso en 2023, cuando se estableció una indemnización millonaria contra la Argentina. Con esta nueva resolución, se desactiva —al menos por ahora— el riesgo de ejecución de esa sentencia.
Aun así, el panorama sigue abierto. Los demandantes podrían reformular su estrategia legal o intentar nuevas vías judiciales, mientras el caso continúa siendo uno de los más sensibles para la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
Fuente: La Nación
