Piris denunció penalmente a municipios por retención indebida de aportes a la CSS
En diálogo con INFORADIO, el vocal por los afiliados activos en la Caja de Servicios Sociales (CSS), Manuel Piris, sostuvo que “se hizo la presentación judicial porque considero que es un delito descontar y que no te den el alta”. La presentación judicial apunta contra una práctica que, según Piris, constituye el delito de “retención indebida de haberes”, ya que los intendentes descuentan mensualmente de los sueldos de los trabajadores municipales los fondos destinados a la CSS, pero no los transfieren a la obra social. Además denunció al propio directorio de la CSS “por no reclamar los fondos” y sostuvo que “se debería hacer el reclamo a los municipios”.
El endeudamiento de los municipios con la CSS no es un fenómeno reciente. Esta práctica viene desarrollándose durante años y se encuentra naturalizada en la provincia, amparada en la justificación de que Santa Cruz no actualiza los porcentajes de coparticipación y que las comunas carecen de fondos para afrontar las cargas sociales.
Río Gallegos, el mayor deudor
Según el informe al que tuvo acceso Piris, los municipios de Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate no han realizado los aportes correspondientes entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. El caso más grave corresponde al municipio de Río Gallegos. De acuerdo a datos oficiales, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 la comuna capitalina dejó de transferir a la CSS más de 10.800 millones de pesos. Si se suman las deudas históricas y los intereses correspondientes, el pasivo total supera los 28.000 millones de pesos.
Pese a reconocer públicamente este incumplimiento, el municipio que conduce Pablo Grasso argumenta que la provincia le debe dinero para justificar su falta de pago.
Piris advirtió sobre las graves consecuencias que esta situación genera en el sistema de salud provincial. “Ya pasaron 30 años y seguimos teniendo personas que la pasan muy mal, incluso no pueden acceder ni al carnet social”, denunció el vocal. El desfinanciamiento de la CSS tiene un impacto directo en las prestaciones: “Hay más de 600 expedientes por discapacidad frenados”, reveló Piris, quien además informó que desde su gestión “iniciamos un proyecto para realizar un vademecum provincial”.
Este esquema de endeudamiento genera dos consecuencias directas: por un lado, resiente gravemente la prestación del servicio de salud a los afiliados de la obra social, y por el otro, desfinancia de manera sistemática a la CSS.
“Hay que patear el tablero”
Del total de 15 municipios y varias comisiones de fomento que integran la provincia, algunos comenzaron a regularizar sus deudas, mientras otros persisten en lo que consideran su derecho a quedarse con el dinero que aportan sus empleados. “Tienen que comenzar a aportar”, exigió Piris, quien consideró que “hay que patear el tablero y resolver la situación” de una vez por todas. La denuncia ya fue radicada en la Fiscalía ante los juzgados de primera instancia de la ciudad de Río Gallegos, y busca que la justicia investigue y ponga un freno definitivo a una práctica que afecta de manera directa la salud de miles de trabajadores y jubilados santacruceños.
En la actividad privada, este tipo de conductas son severamente castigadas por la ley penal tributaria, mientras que en el ámbito municipal provincial esta práctica se encuentra naturalizada, con la anuencia de una justicia que nunca actuó de oficio.
