Recibió $4 millones por error, compró un terreno y ahora la Justicia le ordenó devolver el dinero
Una empleada pública deberá devolver cuatro millones de pesos que recibió por error en su cuenta bancaria y que utilizó para comprar un terreno. La decisión fue tomada por la Justicia luego de comprobar que el dinero había sido transferido equivocadamente por el organismo donde trabajaba y que la mujer se benefició económicamente sin tener derecho a hacerlo.
El caso ocurrió en la provincia de Neuquén y tiene como protagonista a una trabajadora del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Según consta en el expediente, la transferencia equivocada fue realizada por la Tesorería del organismo debido a la similitud entre nombres en los registros administrativos, lo que provocó que el dinero terminara depositado en la cuenta sueldo de la empleada y no en la de la persona que correspondía.
De acuerdo con la investigación, cuando el organismo detectó el error y se comunicó con la trabajadora para advertirle sobre la situación, en un primer momento aseguró desconocer el tema. Sin embargo, en una segunda conversación reconoció que había recibido el dinero y explicó que creyó que podía tratarse del pago relacionado con un juicio. Para ese momento, la suma ya había sido utilizada para comprar un terreno.
La situación derivó en una causa judicial que finalmente fue analizada por el juez Martín Peliquero, quien determinó que el organismo estatal sufrió un perjuicio económico y que la empleada incorporó a su patrimonio un dinero que no le correspondía. Además, los registros bancarios mostraron que se realizaron extracciones y movimientos en la cuenta incluso después de que la mujer supiera que el depósito había sido realizado por error.
Finalmente, el fallo se basó en la figura jurídica de “enriquecimiento sin causa”, contemplada en el Código Civil y Comercial, que establece que ninguna persona puede beneficiarse económicamente a partir de un error que perjudique a otra parte. Con ese criterio, la Justicia resolvió que la empleada deberá devolver los cuatro millones de pesos al organismo público que realizó la transferencia equivocada.
