Reforma sin precedentes: el Gobierno busca disolver Vialidad Nacional y transferir el control del tránsito a Gendarmería
El Gobierno Nacional está próximo a firmar un decreto de necesidad y urgencia que implicará la disolución de organismos clave vinculados al transporte y la infraestructura vial. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, debe concretarse antes del 8 de julio, fecha en que vencen sus facultades delegadas.
Según confirmaron fuentes oficiales, el decreto incluirá la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En su reemplazo, se crearán nuevos entes y se redistribuirán funciones entre organismos ya existentes.
La decisión se sustenta en una supuesta superposición de competencias entre distintas dependencias. “La Gendarmería Nacional tiene la capacidad para ejecutar las funciones de prevención y control de tránsito con base en su estructura operativa y los resultados obtenidos en los últimos años”, argumentaron desde el Ejecutivo. Por ello, el control del tránsito nacional, así como la fiscalización en pasos internacionales y áreas de control integrado, será absorbido por esta fuerza de seguridad.
La estructura actual de la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con 5.304 empleados, de los cuales 1.500 tienen cargos jerárquicos. Su disolución implicará la transferencia de fondos, recursos y responsabilidades al Ministerio de Economía, que asumirá el diseño, ejecución y concesión de obras viales. Los trabajadores serán mantenidos en sus cargos y unidades organizativas “de manera temporal”, hasta que se concrete una reestructuración definitiva.
Asimismo, el decreto contempla que las Letras del Tesoro, títulos públicos y demás activos bajo gestión de Vialidad serán traspasados a cuentas administradas por la Tesorería General de la Nación.
En paralelo, se establecerá la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, un nuevo organismo que tendrá a su cargo la fiscalización de contratos vinculados a obras viales, líneas ferroviarias y servicios públicos de transporte. Esta entidad también será la responsable de percibir y controlar el cobro de tasas, derechos y aranceles asociados a las concesiones.
Otro cambio significativo será la transformación de la actual Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Su competencia quedará limitada exclusivamente al análisis de siniestros aeronáuticos civiles, excluyéndose del estudio de accidentes automotores y ferroviarios.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá optimizar funciones, reducir costos operativos y concentrar responsabilidades en estructuras “más eficientes”. Sin embargo, la magnitud de los cambios genera preocupación en sectores técnicos, gremiales y provinciales, que aún no fueron formalmente consultados sobre la reestructuración.
