Renuncia el presidente del Tribunal de Cuentas en medio de acusaciones y pedidos de juicio político
En un giro inesperado, el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos, presentó su dimisión indeclinable al cargo en medio de serias críticas sobre su gestión y la solicitud de juicio político promovida por el gobierno provincial. El mandato del presidente saliente estuvo marcado por una controversia en torno a la supervisión de las cuentas municipales y ministeriales, así como por la aprobación de rendiciones de vialidad provincial que son objeto de investigaciones por corrupción a nivel federal.
La iniciativa de juicio político, liderada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, señala a los tres representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas, incluyendo a las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán, por presunta falta de control en sus responsabilidades y por la aprobación de rendiciones cuestionadas. Entre las acusaciones específicas se encuentra el pago de obras públicas con fondos provinciales y supuestas situaciones de incompatibilidad, como en el caso de la vocal Romina Gaitán, cuyo esposo ocupaba un cargo ministerial al momento de su designación en el Tribunal.
La respuesta de los miembros del Tribunal de Cuentas fue presentar un amparo, argumentando la inconstitucionalidad del intento de removerlos sin respetar la inamovilidad del cargo, al igual que se garantiza para los jueces. Este movimiento legal resalta la tensión existente entre los poderes ejecutivo y judicial en la provincia.
En paralelo, la designación de la doctora Karina Saúl como vocal en el Tribunal de Cuentas por parte de la primera minoría política, representante de Unión por la Patria según los resultados electorales más recientes, refleja una nueva dinámica en el organismo de control.
El Tribunal de Cuentas, históricamente encargado de supervisar los tres poderes del Estado, ha experimentado una desviación de su rol debido a la designación de sus miembros por parte del Poder Ejecutivo, en una situación que ha perdurado durante las últimas décadas. Esta situación subraya la necesidad de garantizar la independencia y transparencia del organismo para fortalecer el sistema de control y rendición de cuentas en la provincia.
