Santa Cruz detectó 1.156 trabajadores del norte del país y extranjeros que ingresan a la provincia para trabajar en las mineras
En el marco de los primeros operativos de control y fiscalización impulsados por el Gobierno Provincial para garantizar el cumplimiento de la Ley 90/10, se detectaron 1.156 trabajadores provenientes del norte del país y del exterior que ingresaron a Santa Cruz para desempeñarse en distintas empresas mineras sin acreditar residencia provincial.
Los controles se realizan de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Producción, Comercio e Industria y Transporte, con el acompañamiento de los municipios y las fuerzas policiales.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la Ley 90/10 es una decisión política del gobernador Claudio Vidal destinada a garantizar que al menos el 90 % de los puestos laborales en actividades productivas, energéticas y mineras sean ocupados por santacruceños, con residencia comprobada en la provincia.
“Durante muchos años se permitió que la mano de obra local quedara relegada, mientras miles de trabajadores de otras provincias o del exterior se empleaban en nuestros recursos. Eso se terminó. En Santa Cruz el trabajo tiene que ser para la gente de Santa Cruz”, señaló el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.
El funcionario explicó que la mayoría de los trabajadores detectados lo hacen bajo régimen 14 por 14 o 20 por 20, lo que implica que permanecen en la provincia solo durante los días de turno y luego regresan a sus lugares de origen.
“Esa modalidad significa que los salarios generados en Santa Cruz se van a otras provincias o al exterior. Es dinero que no queda en nuestra economía, que no se transforma en consumo, ni en oportunidades para los santacruceños. Pierde el comercio, pierde la economía local y pierde la provincia”, agregó Aravena.
Los operativos continuarán durante los próximos días en yacimientos, en diversas zonas de la provincia en el marco de una política activa de control, transparencia y defensa del empleo local.
