Sistema electoral: la UCR reclamó la implementación de la Boleta Única de Papel en Santa Cruz
La Unión Cívica Radical de Santa Cruz volvió a fijar postura sobre la futura Ley Electoral provincial y reclamó la implementación de la Boleta Única de Papel como eje central de un nuevo sistema que garantice transparencia, igualdad y reglas claras. La propuesta fue difundida a través de un documento del Comité Provincia que reúne diez puntos considerados fundamentales para fortalecer la calidad democrática.
El radicalismo sostiene que es imprescindible avanzar hacia un marco normativo moderno que respete la voluntad popular y ponga fin a las distorsiones históricas del sistema político santacruceño. En ese sentido, reafirmó una iniciativa ya presentada a mediados de 2024 y que ahora busca reinstalar en la agenda legislativa, en el contexto del debate por la ley que reemplazará definitivamente al régimen electoral derogado.
Entre los principales ejes, la UCR destaca la adopción de la Boleta Única de Papel, al considerar que elimina confusiones para el votante, reduce desigualdades entre las fuerzas políticas y refuerza la transparencia del proceso. El presidente del partido en la provincia, Daniel Roquel, afirmó que este sistema “fortalece el sistema democrático porque respeta de manera directa la voluntad popular y elimina mecanismos que durante años distorsionaron el resultado de las elecciones”.
Roquel también subrayó que la experiencia reciente a nivel nacional demostró los beneficios de la boleta única, con procesos más simples, ordenados y con mayor control ciudadano. “Santa Cruz debe avanzar en el mismo camino, incorporando reglas modernas que brinden previsibilidad, confianza y calidad institucional”, señaló.
Además, el documento propone la prohibición de colectoras, al advertir que podrían reproducir prácticas similares a la Ley de Lemas, y la incorporación del principio de ficha limpia, para impedir que personas con condenas penales puedan ser candidatas, incluso en primera instancia. A esto se suma la propuesta de establecer debates públicos y obligatorios entre los candidatos a gobernador, como parte de un sistema más transparente y participativo.
