Un joven habría sido herido por disparos policiales y denunciarían graves irregularidades en la investigación
Un grave episodio ocurrido durante la madrugada del 8 de marzo de 2026 en Caleta Olivia podría derivar en una denuncia por tentativa de homicidio contra efectivos de la Policía de Santa Cruz. Según relataría la familia de la víctima, un joven de 18 años habría recibido un disparo de escopeta a corta distancia mientras se encontraba en el exterior de un local nocturno, en medio de un confuso incidente registrado al cierre de la jornada.
De acuerdo al relato de los hechos, cerca de las 05:55 horas el joven habría intervenido para intentar separar una pelea que involucraba a uno de sus amigos y a un grupo de personas. En medio del forcejeo, habría caído al piso producto de las condiciones resbaladizas por la lluvia. En ese momento, mientras se encontraba de espaldas y con las manos apoyadas en el suelo, habría sentido que le apoyaban un objeto sobre la pierna izquierda y luego escuchado varias detonaciones.
Siempre según la denuncia, al intentar levantarse habría sido empujado violentamente con un objeto similar a un caño por un efectivo policial que portaba una escopeta y que además le habría gritado e insultado. El joven habría logrado escapar del lugar y recién entonces advertido la gravedad de la herida sufrida en su pierna izquierda.
Testigos habrían colaborado en el traslado inmediato al Hospital Zonal, donde el personal médico habría realizado las primeras curaciones y extraído perdigones alojados en la parte posterior de la pierna. Según indicaría la familia, de la pierna le habrían extraído dos perdigones, mientras que otros los tendría incrustados en el pantalón, que también habría quedado perforado y destrozado producto del impacto del disparo.
Posteriormente, el joven habría ingresado a quirófano, donde le habrían retirado tejido necrosado, restos de pólvora y suciedad compatibles con un cartucho de escopeta. La lesión habría requerido limpiezas profundas y tratamiento con antibióticos de alta potencia debido al riesgo de infección y al compromiso de la pierna afectada.
La familia también cuestionaría el accionar inicial del hospital, señalando que el ingreso de una persona herida con arma de fuego no habría sido informado de oficio a las autoridades judiciales correspondientes, pese al pedido explícito de familiares para que se realizara la denuncia formal.
Con el correr de los días, el cuadro médico se habría agravado. Tras recibir un alta ambulatoria, el joven habría regresado al hospital con fuertes dolores, severa inflamación y signos de infección. Allí le habrían diagnosticado un principio de trombosis y una infección grave en la zona del disparo, situación que obligó a nuevas intervenciones quirúrgicas.
La familia sostendría que durante semanas insistió ante la Caja de Servicios Sociales y las autoridades sanitarias para conseguir una derivación a un centro de mayor complejidad, debido a la inexistencia de especialistas en infectología y cirugía plástica en Caleta Olivia. Finalmente, luego de reiterados reclamos, el joven habría sido trasladado a Buenos Aires para continuar con el tratamiento.
En paralelo, denunciarían que la Policía de Santa Cruz no habría iniciado actuaciones de oficio tras el hecho y que la denuncia debió ser presentada directamente ante la Fiscalía por la propia familia de la víctima. Además, remarcarían que hasta el momento no existiría una comunicación oficial por parte de la fuerza policial, el Ministerio de Seguridad ni el Gobierno provincial.
Según expresaría el entorno del joven, las secuelas físicas y emocionales serían severas. La víctima habría debido interrumpir sus estudios, abandonar actividades deportivas y permanecer internada durante largos períodos. Asimismo, existiría riesgo de secuelas permanentes en la movilidad de la pierna izquierda, dolor crónico y futuras cirugías reconstructivas.
La familia consideraría que el accionar policial habría excedido completamente cualquier protocolo de actuación y sostendría que el uso de una escopeta contra una persona reducida e indefensa no podría encuadrarse dentro de un procedimiento legítimo de seguridad.
