Vecinos se movilizaron frente al Juzgado de Familia para reclamar justicia y transparencia

Vecinos de Caleta Olivia que atraviesan diferentes procesos judiciales se concentraron frente al Juzgado de Familia para visibilizar sus situaciones y reclamar respuestas. Los manifestantes cuestionaron el funcionamiento de la Justicia y denunciaron presuntas irregularidades, falta de imparcialidad, demoras y, según expresaron, incumplimientos de derechos establecidos por la legislación.

Uno de los casos es el de Ezequiel Salica, quien relató que durante cinco años realizó trámites vinculados con su vivienda sin obtener avances. Según explicó, la situación comenzó a moverse recién después de hacerla pública.

También estuvo Martín Benavides, vecino del barrio Bicentenario, quien mantiene un conflicto judicial con su expareja. Afirmó que una vivienda y uno de sus vehículos, que asegura estar registrados a su nombre, podrían ser entregados a la madre de su hijo por una decisión judicial que fue apelada. Sostuvo además que tiene la tenencia compartida de su hijo de 15 años y reclama que el adolescente sea escuchado en el proceso.

Benavides cuestionó que, pese a presentar apelaciones, siente que sus planteos no son escuchados. También denunció que se le estaría impidiendo ejercer plenamente su derecho a defenderse y pidió que se revisen las decisiones adoptadas.

Natalia Mabel contó que desde 2022 reclama judicialmente el cuidado personal de sus hijos. Según relató, en julio de este año una evaluación determinó que no se tendría en cuenta el pedido de su hija menor, quien manifestó su deseo de volver a vivir con ella.

La mujer aseguró haber atravesado denuncias que considera falsas y períodos en los que no pudo mantener contacto con sus hijos. Su caso fue apelado ante la Cámara y pidió que se revean las actuaciones. “No hay que tener amiguismo”, sostuvo al reclamar una Justicia que, según expresó, garantice los derechos de todas las partes.

Por su parte, Emiliano Ramírez se refirió a una causa en la que fue denunciado por presunta violencia contra su hijo de cinco años. Relató que convivía con el niño hasta mayo, cuando el menor pasó a vivir con su madre y él quedó impedido de verlo y comunicarse con él.

Ramírez sostuvo que existen informes del jardín y de organismos de Niñez que, según su interpretación, no confirmarían los hechos por los que fue denunciado. “Desde que me sacaron a mi hijo no vivo”, expresó.

Los vecinos señalaron que continuarán buscando visibilizar sus casos y reclamando que las decisiones judiciales sean revisadas, que se respeten los derechos de niños y adultos y que puedan ser escuchados dentro de los procesos que los involucran.