Ajuste por decreto: el Gobierno eliminó organismos y modificó estructuras clave en ciencia, salud y agrotecnología

A través de un conjunto de decretos publicados en los últimos días, el Gobierno nacional avanzó en una profunda reestructuración del Estado que afecta directamente a organismos dedicados a la ciencia, la salud y la producción agropecuaria. Las medidas, justificadas bajo el argumento de la eficiencia y el recorte del gasto público, generaron alarma en distintos sectores profesionales y sindicales.

Cambios en el sistema científico:

Uno de los ejes centrales del ajuste es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que pasó de contar con una conducción colegiada de 11 miembros a estar dirigida por un presidente y dos vocales designados por el Ejecutivo. Además, se definió que sus fondos deberán orientarse exclusivamente a proyectos productivos, dejando afuera líneas de investigación básica o académica que no tengan “utilidad directa”.

La comunidad científica denunció que esta medida pone en riesgo la autonomía del sector y constituye un recorte encubierto, al centralizar decisiones y limitar el financiamiento. Desde el CONICET y asociaciones universitarias advirtieron que estos cambios pueden derivar en una nueva ola de fuga de cerebros y desinversión en innovación.

Salud y residencias médicas en tensión: El ajuste también alcanzó al área de salud.

Residentes y profesionales del sistema público alertaron sobre congelamientos salariales, contratos precarizados y suspensión de concursos, lo que derivó en protestas en hospitales como el Garrahan y el Posadas.“La situación es crítica. Se prometió regularización de contratos y mejora de condiciones, pero nada se cumplió”, señalaron desde asociaciones médicas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud aseguró que se priorizan las urgencias presupuestarias y que se buscará “ordenar los recursos sin resentir el servicio”.

Desregulación del mercado agropecuario:

En línea con el plan de liberalización económica, el Gobierno también desreguló el mercado de fertilizantes y productos agrotecnológicos, eliminando controles estatales sobre importaciones y estándares de comercialización. La medida fue bien recibida por algunos sectores exportadores, aunque productores locales manifestaron preocupación por el posible impacto en precios internos y calidad de insumos.

Contexto político:

Estas decisiones se producen en el marco del vencimiento de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo, previstas para el 8 de julio. Frente a este escenario, el Gobierno aceleró una batería de reformas por decreto que afectan a más de 20 organismos públicos, entre ellos institutos de investigación, entes reguladores y agencias descentralizadas.

Mientras tanto, se preparan acciones judiciales y pedidos de informes legislativos por parte de la oposición y gremios estatales. La discusión ya trasciende lo técnico y se instala como un eje de debate político en medio de la crisis económica y social.

Desde sectores críticos advierten que se trata de un “desguace silencioso del Estado”, mientras que el oficialismo defiende las medidas como parte de un plan de modernización para “reducir burocracia y aumentar la competitividad del país”.