El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo internacional por la explotación petrolera
El oficialismo quiere tratar el proyecto el 18 de noviembre en Diputados, antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre la explotación petrolera en las islas, el 28 de noviembre. La iniciativa busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen en la zona sin autorización argentina y aumentar la presión económica y jurídica sobre sus actividades.
El Gobierno apunta especialmente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevén avanzar con las perforaciones en 2027 y comenzar la producción en 2028. La intención es elevar los costos y las consecuencias legales para las empresas, sus socios y proveedores que participen de estas operaciones.
Sin embargo, el oficialismo enfrenta dificultades para conseguir los votos. El principal desacuerdo está en un capítulo que incorpora cambios electorales y nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera, cuestionado por distintos bloques por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. Para evitar que esas diferencias frenen toda la iniciativa, La Libertad Avanza evalúa votar los capítulos por separado y conseguir apoyo para las sanciones relacionadas con Malvinas.
En paralelo, el 28 de noviembre se espera la decisión del tribunal con sede en Hamburgo sobre el pedido argentino para frenar las actividades de explotación petrolera. Una resolución favorable podría ordenar medidas provisionales, mientras que un rechazo no significaría necesariamente el fin del reclamo, ya que Argentina podría continuar el procedimiento de arbitraje internacional.
La discusión central es conseguir que la ley avance antes del pronunciamiento internacional y contar con más herramientas para impedir o sancionar la explotación de recursos en las aguas de Malvinas. La iniciativa todavía necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley.





