El Gobierno pidió a la Corte Suprema intervenir de forma urgente por la suspensión de la reforma laboral
La Procuración del Tesoro presentó un recurso de per saltum para que el máximo tribunal revise directamente el fallo que frenó artículos clave de la Ley 27.802. Cuestiona la competencia del juez y advierte sobre “gravedad institucional”.
La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia en la causa que mantiene suspendidos 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. A través de un recurso extraordinario federal de per saltum, el organismo pidió que el máximo tribunal saltee las instancias judiciales intermedias y resuelva de manera urgente el conflicto.
El planteo apunta a revisar el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el pasado 30 de marzo hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la CGT y suspendió la aplicación de varios artículos de la norma con alcance general.
En representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, la Procuración solicitó que se declare admisible el recurso, se suspendan los efectos de la cautelar vigente y, en última instancia, se revoque la resolución judicial por considerar que fue dictada por un juez incompetente y sin que exista un caso judicial concreto.
Según el escrito, la acción promovida por la CGT se basa en cuestionamientos “abstractos y generales”, sin identificar un perjuicio específico. En esa línea, el organismo sostiene que la central obrera no cuenta con legitimación suficiente para representar a la totalidad de los trabajadores del país en este proceso.
El fallo cuestionado, firmado por el juez Raúl Horacio Ojeda, había dado lugar al pedido sindical al considerar que los artículos impugnados podrían vulnerar derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
Sin embargo, la Procuración remarcó que el caso corresponde a la órbita federal, ya que el Estado Nacional es parte y la medida tiene impacto en todo el territorio argentino. En ese sentido, recordó que el conflicto de competencia ya fue planteado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde el Juzgado N° 12 hizo lugar a una inhibitoria el 10 de abril y reclamó el expediente.
En su presentación, el organismo también calificó la situación como de “gravedad institucional”, al considerar que la suspensión de una ley nacional con efectos generales por parte de un tribunal de primera instancia implica una intromisión en las atribuciones del Congreso y afecta el principio de división de poderes.
Además, advirtió sobre un posible “perjuicio irreparable” derivado de la incertidumbre jurídica que genera la medida, tanto para empleadores como para trabajadores. Según argumentó, de convalidarse este tipo de decisiones, cualquier juez podría suspender leyes nacionales, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema normativo.
El recurso también cuestiona aspectos procesales del fallo, como la falta de un análisis concreto de los artículos suspendidos y el hecho de que la medida cautelar coincidiría con el objeto principal del litigio, algo que la legislación limita. Asimismo, señala que el juez habría ido más allá del pedido original de la CGT al incluir artículos no contemplados en la demanda.
Finalmente, la Procuración sostuvo que la intervención inmediata de la Corte Suprema es la única vía eficaz para resolver el conflicto y garantizar la vigencia de la ley. Por ello, solicitó que el máximo tribunal deje sin efecto la suspensión y restituya la aplicación plena de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.
