Investigan presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la AFA en Estados Unidos
La Justicia de Estados Unidos avanza en una investigación para determinar si autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y socios comerciales incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario. En ese marco, un testigo convocado por un Gran Jurado en Miami negocia un acuerdo de inmunidad a cambio de aportar información considerada clave para la causa.
La declaración estaba prevista para este jueves, pero fue suspendida mientras continúan las negociaciones con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia estadounidense.
La investigación busca establecer si existen elementos suficientes para presentar cargos contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el tesorero, Pablo Toviggino; Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
Como parte del expediente, la Justicia emitió citaciones para que se entreguen registros y comunicaciones vinculadas con TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Estados Unidos y propiedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la pesquisa, desde 2021 esa firma habría administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y acuerdos comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar el destino final del dinero.
La investigación también analiza operaciones realizadas a través de cuentas en distintas entidades bancarias estadounidenses, entre ellas JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, por lo que no se descarta que representantes de esas instituciones sean convocados a declarar.
Además, la Justicia estadounidense investiga a una decena de empresas que, según la hipótesis preliminar, habrían sido utilizadas para canalizar movimientos financieros relacionados con TourProdEnter.
El Gran Jurado continúa trabajando bajo estricta reserva y no tiene un plazo establecido para definir si existen pruebas suficientes para avanzar con una acusación formal por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
