La Corte falló a favor del financiamiento universitario: “Es un alivio para los bolsillos”
La UNPA celebró el fallo de la Corte Suprema que ordena aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario y consideró que representa un alivio para docentes, no docentes y estudiantes.
En diálogo con Infocaleta, el decano de la UNPA, Claudio Fernández, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal desestimó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva, por lo que, por el momento, la orden judicial continúa vigente.
Fernández señaló que la noticia fue recibida con satisfacción dentro del ámbito universitario, ya que era una resolución muy esperada por toda la comunidad educativa. No obstante, aclaró que se trata de una medida cautelar y no de la aplicación plena de la ley, aunque permite avanzar en aspectos fundamentales como la actualización de los salarios del personal docente y no docente, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
El decano sostuvo que estas actualizaciones eran sumamente necesarias debido al fuerte atraso salarial que venían sufriendo las universidades nacionales. “Los salarios universitarios estaban más desfasados que los de la administración pública en general. Éramos los que estábamos recibiendo la peor parte en este gobierno”, expresó, y agregó que esta recomposición significará “un alivio para los bolsillos” de los trabajadores del sector.
Desde una mirada institucional y política, Fernández consideró que el fallo también respalda el reclamo que las universidades venían sosteniendo desde hace meses. Afirmó que la decisión de la Corte demuestra que “la universidad tenía razón respecto al reclamo”, ya que el máximo órgano judicial terminó avalando la vigencia de una ley aprobada por el Congreso.
En ese sentido, remarcó que el conflicto trascendía la cuestión presupuestaria y estaba relacionado con el respeto a la división de poderes establecida por la Constitución Nacional. Según explicó, el problema radicaba en que el Poder Ejecutivo desconocía una norma sancionada por otro poder del Estado, por lo que el fallo judicial reafirma la necesidad de respetar el funcionamiento institucional y las competencias de cada uno de los poderes de la República.
