La Justicia intimó a Cristina Kirchner a cumplir las condiciones de su prisión domiciliaria
La Justicia federal intimó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a respetar las condiciones establecidas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria, bajo advertencia de que podrían adoptarse nuevas medidas restrictivas o incluso revisarse el beneficio otorgado.
La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Oral Federal N°2, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de un episodio ocurrido el pasado domingo en el domicilio donde la ex mandataria cumple su condena en la causa Vialidad. Durante una manifestación de apoyo, se desplegó una bandera argentina de grandes dimensiones entre un edificio ubicado frente a su vivienda y el balcón del departamento de San José 1111.
Según la resolución judicial, Fernández de Kirchner habría participado activamente en la instalación de la estructura, utilizando el balcón de su domicilio como punto de anclaje y colaborando en la sujeción de los cables tensores que sostenían la bandera.
Ante esta situación, el magistrado resolvió intimarla a abstenerse de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de su arresto domiciliario. La advertencia fue emitida “bajo apercibimiento de ley”, lo que habilita a la Justicia a evaluar sanciones o restricciones adicionales en caso de nuevos incumplimientos.
La ex presidenta cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con monitoreo mediante tobillera electrónica. Entre las condiciones impuestas por el tribunal figura la obligación de no alterar la convivencia del barrio ni afectar la tranquilidad de los vecinos.
En la resolución, el Tribunal recordó que una de las reglas de conducta establecidas exige expresamente que la condenada se abstenga de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
Además, el juez consideró que la instalación de la bandera representó un riesgo para la seguridad pública. Según el fallo, la estructura de cables tendida entre ambos edificios atravesaba la vía pública y el espacio aéreo de la calle, exponiendo tanto a la ex mandataria como a transeúntes y vecinos a posibles accidentes.
La resolución también señala que este tipo de instalaciones requiere autorización administrativa y que, en caso de no haber contado con los permisos correspondientes, podría derivar en actuaciones contravencionales.
Por otra parte, el Tribunal dispuso remitir un oficio a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para informar sobre la instalación observada durante la manifestación y permitir que las autoridades evalúen las actuaciones administrativas que consideren pertinentes.
La intimación se produce cuando se cumple un año desde que Fernández de Kirchner comenzó a cumplir su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, en una causa que continúa teniendo fuerte repercusión política y judicial.
