La Justicia rechazó frenar de forma inmediata la venta de tierras a extranjeros tras el fallo de la Corte Suprema
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 1 de la Capital Federal desestimó la solicitud de una medida cautelar interina que buscaba suspender de manera urgente la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), restituyéndose plenamente la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.
La presentación judicial fue interpuesta por los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara el pasado 29 de septiembre una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la medida por falta de legitimación activa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).
Argumentos judiciales y trámite del expediente
El magistrado Enrique Alonso Regueira determinó que los legisladores demandantes no acreditaron la presencia de “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que ameriten dictar una suspensión inmediata sin escuchar previamente a la representación estatal:
Informe al Poder Ejecutivo: El juzgado corrió traslado al Estado Nacional (a través de la Procuración del Tesoro) para que presente un informe detallado sobre el interés público involucrado en un plazo de cinco días hábiles, trámite previo a resolver sobre la medida cautelar definitiva.
Dictamen fiscal favorable: La Fiscalía Contencioso Administrativo Federal N.° 8, a cargo de Fabián Canda, dictaminó a favor de habilitar la competencia del fuero para el tratamiento del caso.
Planteo de los legisladores: Pichetto y Massot argumentaron que la caída de la Ley 26.737 habilita la transferencia ilimitada de inmuebles rurales y recursos hídricos estratégicos a personas físicas o jurídicas extranjeras sin topes porcentuales ni geográficos, generando derechos adquiridos irreversibles mientras el Congreso no defina la invalidez del DNU.
Repercusiones políticas
Tras la resolución judicial, el diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó la demora procesal a través de sus redes sociales, advirtiendo sobre el riesgo de consolidación de operaciones inmobiliarias en zonas de frontera y recursos hídricos.
En paralelo, bloques de la Cámara de Diputados solicitaron formalmente la convocatoria a una sesión especial para el próximo 15 de octubre, con el propósito de rechazar el DNU 70/2023 y reponer el régimen de protección de tierras rurales en el ámbito legislativo.
