
Las 60 empresas públicas que supervisa el Gobierno y cómo serán las primeras privatizaciones para sumar reservas
El gobierno de Javier Milei supervisa actualmente alrededor de 60 empresas públicas distribuidas en doce jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional. Estas empresas abarcan sectores estratégicos como energía, transporte, agua y saneamiento, y medios de comunicación. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, la administración actual busca reducir la participación estatal en la economía, siguiendo el modelo de reformas estructurales implementadas en la década de 1990.
Privatizaciones en marcha
En el marco de la Ley Bases, que autoriza la privatización de empresas públicas, el gobierno ha identificado ocho compañías para iniciar procesos de privatización total, parcial o concesión. Estas empresas son:
- Enarsa (Energía Argentina S.A.):
- Nucleoeléctrica Argentina S.A.:
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT):
- Intercargo S.A.:
- AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.):
- Trenes Argentinos:
- Belgrano Cargas y Logística S.A.:
- Corredores Viales S.A.:
El proceso privatizador está siendo coordinado por Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y cuenta con la supervisión del ministro de Economía, Luis Caputo. Según Caputo, se espera generar ingresos por miles de millones de dólares a través de la venta de activos, lo que contribuiría a fortalecer las reservas del Banco Central sin necesidad de realizar compras en el mercado de cambios.
Modelos de privatización
El gobierno contempla tres modelos para llevar a cabo las privatizaciones:
- Concursos públicos: Venta de acciones a través de licitaciones abiertas tanto a oferentes locales como internacionales.
- Ofertas Públicas de Venta (OPV): Colocación de acciones en la Bolsa de Valores.
- Concesiones: Transferencia de la operación de la empresa al sector privado, con la posibilidad de dar de baja su CUIT al finalizar el contrato.
Además, se están organizando “roadshows” con bancos privados y organismos multilaterales para atraer el interés de inversores locales e internacionales.
Casos destacados
Uno de los procesos más avanzados es la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila), cuyas concesiones vencen a mediados de agosto. Se espera que este proceso genere ingresos entre 400 y 500 millones de dólares. Los gobernadores de Río Negro y Neuquén han acordado recibir un canon del 1% por el uso del agua en estas centrales.
En el caso de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.), el gobierno avanzó en la privatización mediante la venta de acciones a la empresa estadounidense ARC Energy. Este proceso incluyó negociaciones sobre la refinanciación de una deuda de 576 millones de dólares y culminó con la firma del contrato de transferencia de acciones en febrero de 2025.
Empresas excluidas de la privatización
A pesar de las propuestas iniciales, algunas empresas fueron excluidas de los procesos de privatización. Entre ellas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). En el caso del Banco Nación, aunque se había considerado su privatización, finalmente se decidió mantener su control estatal.
Este enfoque busca mejorar la eficiencia en la gestión de empresas públicas y generar recursos para fortalecer las reservas del país, en un contexto económico desafiante.