Trata de personas en Santa Cruz: Condenan a 8 años de prisión a una pareja y fijan una reparación de $90 millones para la víctima
En un fallo unipersonal dictado por el juez Mario Reynaldi, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó a ocho años de prisión a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo (ambos de nacionalidad boliviana) tras hallarlos coautores del delito de trata de personas agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad y la consumación de la explotación laboral.
Asimismo, la resolución fijó una reparación económica integral de 90 millones de pesos en favor de la víctima, en sintonía con lo fundamentado por el fiscal federal Gastón Franco Pruzan y la auxiliar fiscal Virginia Haggi, quienes contaron con la asistencia técnica de la SIFRAI y la DGRADB.
Red de sometimiento y aislamiento en Río Gallegos y Gobernador Gregores
La investigación penal se inició el 11 de octubre de 2018 tras una denuncia anónima surgida luego de que la víctima —quien tenía 19 años al ingresar al país en octubre de 2015— solicitara ayuda en el Consulado de Bolivia para renovar su documento y manifestara temor a represalias de sus empleadores.
Condiciones de explotación: La joven cumplía jornadas extremas que iban de 6:00 a 00:00 hs en comercios de indumentaria y en tareas domésticas dentro de las viviendas de la pareja. Percibía apenas 2.000 pesos anuales en efectivo, de los cuales le descontaban alimentos, ropa y traslados.
Mecanismos de control: Los imputados le confiscaron el teléfono celular, restringieron su libertad ambulatoria dejándola encerrada, le interceptaron comunicaciones familiares y la obligaron bajo amenaza a firmar contratos de alquiler y abrir cuentas bancarias.
Denuncia y rescate: La víctima logró contactarse con la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz utilizando a escondidas el teléfono de una clienta del comercio, quien posteriormente testificó en el debate oral.
Reparación económica y medidas accesorias
Para calcular la indemnización integral —que abarca daño emergente, lucro cesante, beneficio ilícito y consecuencias no patrimoniales— la fiscalía solicitó el inicio de un incidente de recupero sobre los bienes registrables de los acusados.
El magistrado dispuso además las siguientes medidas:
Investigación por abuso sexual: Remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Gobernador Gregores para investigar un presunto abuso sexual reiterado relatado por la víctima durante el proceso.
Notificaciones oficiales: Envío de copias del fallo a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia a los fines de tramitar la defensa de los derechos laborales derivados de los servicios prestados.
