Trata, explotación laboral y allanamientos: investigan a REMAR en Santa Cruz y Chubut
Una importante investigación federal por presunta trata de personas y explotación laboral derivó este jueves en una serie de allanamientos simultáneos en sedes vinculadas a la organización REMAR en las ciudades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Comodoro Rivadavia. Los operativos fueron encabezados por la Prefectura Naval Argentina por orden de la Justicia Federal de Santa Cruz.

Los procedimientos se realizaron en mueblerías, centros comunitarios y espacios utilizados por la organización REMAR, una ONG que se dedica a la asistencia de personas con consumos problemáticos, en situación de calle o vulnerabilidad social. Parte de su financiamiento proviene de la venta de muebles, ropa y distintos artículos usados en locales solidarios.
En Caleta Olivia, uno de los allanamientos tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre calle Misionero Beauvoir, en el barrio General Paz, mientras que en Comodoro Rivadavia los efectivos inspeccionaron una sede de REMAR ubicada sobre calle Ameghino al 1500, en la zona de La Loma.
La investigación apunta a determinar si dentro de estos espacios existían situaciones compatibles con explotación laboral, captación de personas vulnerables y posibles restricciones a la libertad individual. Según trascendió, la causa analiza especialmente las tareas que realizaban jóvenes y adultos dentro de la organización, entre ellas la fabricación de muebles artesanales y pedidos de colaboración económica en la vía pública.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron además que durante los procedimientos en territorio santacruceño se habrían detectado al menos dos presuntos casos de trata de personas relacionados con mujeres, además del hallazgo de pequeñas dosis de estupefacientes en algunos de los inmuebles allanados. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas.
Durante los operativos, personal de Prefectura realizó entrevistas, identificación de personas y secuestró documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa judicial, que continúa bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias y el análisis de pruebas.
La causa también busca establecer cómo funcionaban internamente las sedes de REMAR en la Patagonia y determinar si existían mecanismos de trabajo forzado o explotación de personas en situación de vulnerabilidad social. Además, la Justicia intenta reconstruir el destino de los fondos obtenidos mediante ventas y pedidos de colaboración económica realizados por integrantes de la organización.
El caso vuelve a poner en debate el control estatal sobre organizaciones sociales y espacios donde residen personas vulnerables, especialmente luego de antecedentes registrados en otras provincias argentinas, donde REMAR ya había sido investigada por situaciones similares en años anteriores.





