¿Una niña puede ser obligada a casarse? La polémica ley que sacude a Afganistán
Una nueva normativa aprobada por el gobierno talibán en Afganistán generó una fuerte condena internacional al regular y permitir situaciones vinculadas al matrimonio infantil, una práctica que organismos de derechos humanos consideran una grave vulneración de los derechos de las niñas.
La ley establece que un matrimonio concertado para una niña menor de edad puede ser considerado válido si fue acordado por determinados familiares y cumple con los requisitos fijados por las autoridades. Además, dispone que la menor solo podrá solicitar la anulación del matrimonio una vez alcanzada la pubertad y mediante una resolución judicial.
Uno de los aspectos más cuestionados es que el silencio de una niña al llegar a la pubertad puede interpretarse como consentimiento para continuar casada. Para diversas organizaciones, esta disposición equivale a considerar que una menor de edad acepta un matrimonio simplemente por no manifestar su oposición.
Las críticas también apuntan a las enormes dificultades que enfrentan las niñas y mujeres que intentan divorciarse. Según denuncian activistas y organizaciones humanitarias, los procesos exigen mediación familiar y, en muchos casos, la intervención o aprobación del propio esposo, incluso cuando existen denuncias de violencia o maltrato. Esto deja a muchas víctimas atrapadas en relaciones abusivas y con escasas posibilidades reales de acceder a la separación.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU condenó la normativa y recordó que cualquier matrimonio que involucre a menores de 18 años constituye una forma de matrimonio forzado, ya que los niños y adolescentes no pueden otorgar un consentimiento libre, pleno e informado.
La preocupación internacional se suma a las numerosas restricciones impuestas por los talibanes desde que retomaron el poder en Afganistán en 2021. En estos años, las mujeres y niñas han visto limitado su acceso a la educación secundaria y universitaria, al trabajo y a la participación en la vida pública. Para organismos internacionales, esta nueva normativa representa otro paso en el endurecimiento de las restricciones y en la pérdida de derechos fundamentales para millones de afganas.
