$78.000 millones en recortes hacia educación antes de la marcha universitaria
Horas antes de una nueva marcha universitaria en defensa del financiamiento educativo, el Gobierno Nacional oficializó un recorte de más de $78 mil millones en distintas áreas de la Secretaría de Educación. La medida impacta en programas de alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles, infraestructura escolar y universidades nacionales, generando fuerte preocupación en el sector educativo.
La decisión fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y se conoció en la previa de las movilizaciones convocadas por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
Uno de los programas más afectados es el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción superior a los $35 mil millones. Este plan estaba destinado a financiar políticas educativas y transferencias a las provincias para mejorar los niveles de lectura y escritura en las escuelas.
También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, que ayudaba a equilibrar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita cercana a los $9 mil millones.
El ajuste alcanza además a infraestructura escolar y políticas socioeducativas, con más de $21 mil millones menos para obras y equipamiento. Dentro de ese recorte también se vieron afectadas las becas estudiantiles, que perdieron más de $559 millones.
Otra de las áreas golpeadas fue EDUC.AR S.A., la empresa estatal vinculada a contenidos y herramientas educativas, que sufrió un recorte de $48 mil millones en transferencias.
En cuanto a las universidades nacionales, el Gobierno suspendió fondos destinados a obras de infraestructura y conocimiento, con una poda de más de $5.300 millones que afecta a 13 casas de estudio del país. Entre las más perjudicadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda.
Desde sectores universitarios advierten que el presupuesto para educación superior acumula una fuerte caída desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, mientras continúan los reclamos salariales y presupuestarios.
Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la ley de financiamiento “no se puede cumplir” porque, según explicó, quedó “derogada implícitamente” tras la aprobación del Presupuesto. Además afirmó que el Estado “no está en condiciones económicas” de afrontar el aumento salarial reclamado por el sector docente.
