Bolivia atraviesa una creciente crisis social con más de 50 bloqueos y protestas contra el Gobierno
La tensión social continúa escalando en Bolivia, donde las protestas y bloqueos de carreteras ya cumplen 16 días consecutivos y se expanden por gran parte del país. Según informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen 51 puntos de bloqueo distribuidos en siete de los nueve departamentos bolivianos, principalmente en las regiones del altiplano como La Paz, Oruro y Cochabamba.
Las manifestaciones son impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y distintos sectores sociales que reclaman soluciones económicas y cuestionan duramente al gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien asumió hace apenas seis meses.
En un intento por aumentar la presión política, la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari convocó a una masiva marcha desde la ciudad de El Alto hacia La Paz, recorriendo aproximadamente 13 kilómetros. La movilización reúne a organizaciones campesinas, transportistas, maestros y sectores obreros nucleados en la denominada “Alianza Unidad”.
Aunque las protestas comenzaron hace más de un mes con reclamos sectoriales —como mejoras salariales, problemas de abastecimiento de combustible y el rechazo a una normativa sobre tierras—, el conflicto evolucionó hacia un fuerte cuestionamiento político contra el Gobierno nacional.
Los dirigentes movilizados acusan al presidente de gobernar en favor de sectores empresariales y de utilizar decretos considerados inconstitucionales. “El Gobierno se ha convertido en representante de la oligarquía boliviana”, sostuvo David Mamani, referente campesino y uno de los líderes de las protestas.
Mientras tanto, el Ejecutivo descartó cualquier posibilidad de renuncia presidencial y continúa negociando con algunos sectores para intentar destrabar el conflicto. Paralelamente, anunció operativos policiales destinados a habilitar “corredores humanitarios” que permitan el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos a La Paz, una de las ciudades más afectadas por el cerco.
La capital boliviana ya enfrenta importantes consecuencias: faltante de alimentos y gas, aumento de precios, problemas en el transporte público, suspensión parcial de clases presenciales y dificultades en la recolección de residuos.
En medio de la crisis, el presidente Paz prometió cambios en su gabinete y anunció la creación de un Consejo Económico y Social como espacio consultivo de diálogo con organizaciones sociales. Sin embargo, hasta el momento únicamente reemplazó al ministro de Trabajo.
Si bien en los últimos días no se registraron nuevos episodios graves de violencia, persiste la preocupación por los enfrentamientos ocurridos el lunes en el centro de La Paz, donde manifestantes chocaron con la Policía, atacaron oficinas públicas y agredieron a civiles.
El Gobierno también denunció la muerte de al menos cuatro personas —entre ellas un menor de edad— que no pudieron recibir atención médica debido a los cortes de ruta. Ante esta situación, el Ministerio de Salud pidió a los manifestantes permitir el paso de ambulancias y remarcó que “la vida está por encima de todo conflicto”.
Hasta ahora no trascendieron avances concretos en las negociaciones. No obstante, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo comenzaron contactos con organizaciones campesinas para intentar abrir canales de diálogo.
En el plano internacional, distintos países y organismos expresaron respaldo institucional al gobierno boliviano y llamaron a preservar el orden democrático. Entre ellos se pronunciaron la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos.
Fuente: France 12
