Nueva normativa para vapeadores: más control, menos ilegalidad
El Gobierno Nacional avanzó con una nueva regulación para ordenar el mercado de productos de nicotina en Argentina, alcanzando a los vapeadores, los dispositivos de tabaco calentado y las bolsitas de nicotina, en un intento por frenar la comercialización ilegal, establecer controles sanitarios y reducir el consumo, especialmente entre jóvenes. La medida busca reemplazar el esquema prohibitivo vigente desde hace años por un sistema más estricto que permita controlar, registrar y fiscalizar estos productos, que pese a las restricciones nunca dejaron de circular y crecieron en un mercado informal sin supervisión.
Con esta decisión, el Ejecutivo apunta a poner fin a un modelo que, según sostienen, no logró frenar el consumo y terminó favoreciendo el contrabando y la falta de control. Actualmente, estos productos se venden de manera ilegal, sin trazabilidad, sin garantías sobre su composición y sin responsables identificables, además de no tributar dentro del sistema formal.
La nueva normativa incluirá a los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de tabaco calentado y las conocidas bolsitas de nicotina o “pouches”, que deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios para su fabricación, importación, distribución y venta. Entre los cambios más relevantes, se establece la creación de un registro obligatorio, donde todos los productos deberán estar inscriptos, declarar su composición, cumplir estándares de calidad y contar con trazabilidad, pudiendo comercializarse únicamente si están debidamente autorizados.
Además, la regulación incorporará límites estrictos sobre los ingredientes permitidos, la concentración de nicotina y las condiciones de fabricación, con el objetivo de garantizar mayor control sanitario. Uno de los puntos clave será la prohibición de saborizantes en vapeadores y otros elementos que aumenten el atractivo del producto, considerados como una de las principales puertas de entrada al consumo adolescente.
Desde el plano económico, el Gobierno sostiene que esta medida también permitirá reducir el peso del mercado ilegal y formalizar la actividad, incorporando estos productos al circuito legal y al sistema tributario. De esta manera, se busca no solo mejorar la fiscalización, sino también generar recaudación y regular un sector que, hasta ahora, operaba por fuera de cualquier control estatal.
