Sexo VIP, VHS secretos y yoga extremo: Servini sacudió a la secta más escandalosa de Buenos Aires
La jueza María Romilda Servini volvió a poner en el centro de la escena a la polémica Escuela de Yoga Buenos Aires al procesar a tres integrantes de su cúpula en una causa que investiga presunta trata de personas y lavado de dinero.
La resolución, contenida en un fallo de 491 páginas, agravó la situación judicial de Marcelo Guerra Perkowicz, hijo adoptivo del líder histórico de la organización; María Beatriz Bugari y el músico y oboísta Mariano Krawczyk.
Los dos primeros fueron embargados por 1200 millones de pesos cada uno, mientras que Krawczyk recibió un embargo de 400 millones. Aunque no se dictó prisión preventiva, la decisión representa un fuerte avance en la investigación.
Servini los acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas agravada —con siete presuntas víctimas explotadas— y al lavado de activos.
La causa ya había generado conmoción en agosto de 2022, cuando el entonces juez Ariel Lijo ordenó una masiva redada de la Policía Federal Argentina sobre la Escuela de Yoga y su entorno.
Durante aquellos operativos fueron encontrados más de 400 mil dólares, miles de cintas VHS y DVD con grabaciones internas del grupo, además de material pornográfico sadomasoquista. Entre las filmaciones aparecían figuras políticas como Carlos Saúl Menem.
La investigación también apuntó a una presunta estructura de prostitución VIP, donde supuestas víctimas eran explotadas sexualmente y despojadas de dinero, fondos que luego habrían sido enviados a Estados Unidos y blanqueados mediante negocios inmobiliarios.
Sin embargo, el expediente tuvo un giro inesperado en diciembre de 2023, cuando la Cámara Federal anuló la elevación a juicio de varios procesados, incluido el líder de la organización, Juan Perkowicz.
El principal eje de discusión fue que las presuntas víctimas no se reconocían públicamente como tales. La defensa sostuvo que existía autodeterminación y consentimiento dentro de las relaciones investigadas.
Pese a eso, Servini avanzó con una postura más dura y sostuvo que el delito de trata puede existir aun cuando las víctimas no se perciban como explotadas.
Para la magistrada, existen múltiples elementos objetivos que respaldan la acusación: testimonios reservados de exintegrantes, escuchas telefónicas, anotaciones internas y documentación secuestrada durante los allanamientos.
Según la investigación, la organización mantenía una estructura de “novios”, benefactores adinerados que sostenían económicamente vínculos sexuales y de compañía con integrantes del grupo.
En ese contexto, la jueza señaló que Krawczyk habría colaborado en el sostenimiento de algunas de esas relaciones para asegurar pagos vinculados a servicios sexuales.
Además, Servini citó informes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, donde se advirtió sobre posibles situaciones de manipulación psicológica y aleccionamiento dentro de la organización.
Con esta nueva resolución, la causa vuelve a tomar fuerza y reactiva uno de los expedientes más impactantes y polémicos de los últimos años en la Justicia argentina.
Fuente: Infobae
